La reciente entrada en vigencia de la Ley N.º 21.772 marca un punto de inflexión en la evolución del sistema notarial y registral chileno. La norma, publicada en 2025 y con disposiciones que comenzaron a regir en abril de 2026, busca modernizar y fortalecer la estructura orgánica y funcional de notarías, conservadores y archiveros judiciales, incorporando mayores exigencias en materias de transparencia, probidad, fiscalización, estandarización y digitalización. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, uno de sus propósitos centrales es precisamente perfeccionar el funcionamiento del sistema y promover una adaptación institucional acorde con las nuevas exigencias tecnológicas y de servicio.
Esta reforma no solo representa un ajuste normativo, sino también un cambio más profundo en la manera en que se proyecta la función notarial en Chile. El debate ya no se limita a la necesidad de mantener un servicio continuo y jurídicamente seguro, sino que se traslada también a la forma en que dicho servicio debe responder a estándares contemporáneos de eficiencia, acceso, control y modernización. En ese sentido, la nueva legislación instala un marco que exige revisar procesos, estructuras y mecanismos de funcionamiento que durante años operaron bajo una lógica distinta.
A la vez, como ocurre con toda transformación de esta magnitud, la implementación práctica de la reforma abre un escenario que todavía presenta interrogantes. La existencia de nuevas obligaciones y criterios legales supone necesariamente etapas de adecuación institucional, técnica y administrativa, especialmente cuando se trata de cambios que impactan directamente en la operación diaria de los oficios notariales y registrales. La modernización, por tanto, no aparece únicamente como una exigencia legal, sino también como un proceso que deberá consolidarse progresivamente en la práctica.
En este contexto, resulta especialmente relevante la columna publicada por el notario Cristian Camilla Sandoval en Diario Constitucional, titulada “La Ley N° 21.772 y el nuevo paradigma del notariado chileno: entre la obligación de modernizarse y la incertidumbre de lo pendiente”, difundida el 3 de abril de 2026. En ella se aborda el alcance de esta reforma desde una mirada jurídica e institucional, poniendo atención tanto en la necesidad de avanzar en la modernización del sistema como en las dudas que todavía persisten respecto de su implementación efectiva y sus consecuencias prácticas.
La reflexión es particularmente pertinente en un momento en que el sistema notarial chileno enfrenta nuevas expectativas por parte de la ciudadanía, mayores exigencias regulatorias y un contexto de transformación que obliga a compatibilizar modernización tecnológica con certeza jurídica. La reforma abre una etapa decisiva, en la que el desafío no solo será cumplir con el nuevo marco legal, sino también traducir sus objetivos en mejoras concretas para el funcionamiento del sistema y para la calidad del servicio prestado a las personas.
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